Ni recortes, ni ideología: pura codicia

Existe un debate en nuestra sociedad sobre cuáles son los motivos que impulsan al gobierno de la comunidad de Madrid a poner en marcha una serie de medidas que pueden producir una crisis de envergadura en el sistema de salud, la joya de la corona de nuestro estado del bienestar, un sistema útil, bien valorado y de coste muy inferior al de otros sistemas de prestaciones inferiores en otros países. Los miembros del gobierno de esta comunidad y los grupos mediáticos que les apoyan han justificado esas medidas en la necesidad de realizar recortes en el gasto sanitario, optimizar el rendimiento a través de la privatización de algunos o varios servicios y de disminuir el gasto público en sanidad. La mayoría de los miembros de los partidos de izquierda sostienen, sin embargo, que las medidas restrictivas en sanidad no obedecen a motivos económicos sino a razones ideológicas, a la visión particular del mundo de los partidos de derecha, según la cual, las administraciones públicas deben dejar en manos del sector privado cualquier tipo de servicio susceptible de ser privatizado. Acabo de leer un magnífico ensayo de Fernando Lamata, titulado “Panfleto contra la codicia”, en el que pone de manifiesto las razones fundamentales de esta crisis, la codicia del capitalismo financiero global. Y lo que ahora pretendo no es otra cosa que aplicar la responsabilidad global de este pecado capital, la avaricia, al tema concreto de la reforma sanitaria de la comunidad madrileña. En resumen, la tesis de este artículo es que las reformas en el sistema sanitario de Madrid no se deben a la crisis económica ni a una supuesta ideología de quienes nos gobiernan sino a la pura avaricia. En medicina existe un principio básico según el cual las inversiones en aspectos básicos de la sanidad y de salud pública son muy rentables y muy baratas pero cada escalón que se sube en el grado de complejidad es más caro y menos eficaz a la hora de contabilizar beneficios. De modo que la medida más sencilla, clorar las aguas, tiene poco coste y grandes ventajas y lo mismo ocurre con los siguientes escalones de complejidad sanitaria como puede ser la salud materno- infantil, la medicina preventiva, la cirugía menor, etc. Pero en otros procesos de alta complejidad como puede ser el tratamiento del cáncer terminal, algunos trasplantes multi-orgánicos o trasplantes de repetición en pacientes que han fracasado en procedimientos previos, o el tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas, conseguir una mejoría sustancial del proceso clínico es difícil y siempre a expensas de muchos recursos. De modo que si lo que se pretendiera fuera ahorrar recursos los recortes afectarían sobre todo a los procesos de alta complejidad en los que los beneficios son más cuestionables. No parece que cobrar 1 € por receta tenga que ver nada con ello. Aquí lo que se pretende es disuadir, invitar a los ciudadanos a no acudir al médico por problemas banales; cuando la atención de los problemas banales antes de que empeoren es la mejor forma de evitar gastos sanitarios importantes. Es más fácil y barato tratar las infecciones urinarias de repetición que iniciar la caída por el despeñadero sucesivo de la pielonefritis, la insuficiencia renal, la diálisis, el trasplante, el tratamiento inmunosupresor, el desarrollo de tumores malignos secundarios a la inmunosupresión crónica. Es más barato ir al médico por dolor de cabeza leve y que diagnostiquen y traten un hipertensión arterial que sufrir una hemorragia cerebral y quedar paralizado de por vida. Pues no, los tratamientos complicados y caros no se han tocado, quizás por presión de la industria farmacéutica, ni tampoco se ha racionalizado el número de centros que los dispensan, que podría disminuirse sin graves pérdidas, pero el ciudadano normal y corriente recibe estímulos para que no utilice los recursos sanitarios. El problema es que el efecto disuasorio de una penalización horizontal, como el € por receta, es más disuasorio para el mileurista que para la señora presidenta de Castilla La Mancha, por poner un ejemplo. El proceso de racionalización no tendría por qué afectar solo a la medicina de gran nivel científico. Por ejemplo, durante el gobierno de Esperanza Aguirre se abrieron un montón de hospitales de dudosa necesidad y en el caso de alguno de ellos se abusó de demagogia con frases parecidas a “la puesta en marcha de esta maternidad evitará que a partir de ahora las mujeres de Arganda tengan que ir fuera de su pueblo a dar a luz”. Las mujeres de Arganda antes de ese momento, que se supone iba a cambiar sus vidas, venían a alguna de las maternidades de Madrid, entre 15 y 20 km de distancia, 15 minutos de tiempo, a dar a luz. A partir de aquel momento histórico podían dar a luz en la maternidad ubicada en el término municipal de su pueblo, en un hospital ubicado en medio del desierto, 5 km al este de su núcleo urbano, en dirección a Valencia. ¿Valía la pena montar una nueva maternidad –edificios, quirófanos, ginecólogos, anestesistas, pediatras, enfermeras, matronas, auxiliares de clínica, celadores, secretarías, etc.,- para hacer 2000 partos al año? ¿Es necesario tener dos unidades de ictus, o dos servicios de Neurocirugía, operativas y con todo el personal que necesitan para su funcionamiento en dos grandes hospitales que están a 300 metros, como son el Ramón y Cajal y la Paz? ¿O replicar todo tipo de servicios entre uno grande y otro mediano, ubicados a una distancia de 20 metros, como es el caso del Clínico de S. Carlos y la Fundación Jiménez Díaz?. Que no vengan con cuentos; si lo quieren es ahorrar empiecen eliminando el despilfarro. Sostiene Rubalcaba que estas medidas son fruto de la ideología de derechas del PP. Discrepo radicalmente de esa opinión a pesar de que la tengo muy alta de la inteligencia de quien lo propone. Desde mi punto de vista la ideología que sustenta la política del PP en materias relacionadas con la sanidad no es la de la derecha sino, directamente, la de un partido totalitario. La política sanitaria del PP no es de derechas. La derecha, al menos de todo el mundo civilizado, se caracteriza por evitar la intervención del estado de todo aquello que pueda dejarse en manos de la sociedad civil. En todo caso podría decirse que ese intervencionismo es más bien típico de la extrema y totalitaria derecha. La derecha civilizada de todo el mundo considera una seña de identidad que el estado y sus servidores se inhiban todo lo que puedan en la toma de decisiones que puedan resolver por sí solos los agentes sociales. Nada que ver con lo que ocurre en la comunidad de Madrid, donde los gerentes de hospitales, verdaderos comisarios políticos del sistema, no respiran si no se lo mandan sus superiores. ¿Dónde está la autonomía de los hospitales y centros de salud que ni siquiera pueden contratar personal estatutario si no es en función de una oposición cuyas reglas de juego vienen impuestas desde arriba? ¿Cuál es el poder de las comisiones y órganos de gobierno de los centros si solo tienen capacidad de proponer pero no de decidir? ¿Cuál es el papel de los mandos intermedios –jefes de servicio, supervisores, coordinadores, etc.,- si la mayoría de ellos no son elegidos por sus colaboradores sino nombrados por sus superiores? De modo que hay otras razones y la más importante es la avaricia. Si el gasto sanitario supone un porcentaje importante del producto interior bruto y además esa partida es aceptada sin objeciones por la mayoría de la sociedad ¿por qué los que pueden hacerlo se iban a privar de convertirlo en objeto de lucro? Hasta ahora solo hay beneficios en la industria farmacéutica. ¿Por qué renunciar a conseguirlos en el resto del pastel? Y mucho más ahora, cuando la crisis económica ha convertido en inviable, al menos a corto plazo, otros métodos habituales de enriquecimiento. Existe una bien organizada confusión en el uso de las palabras utilizadas para disimular la codicia. Se habla de externalizar en lugar de privatizar. Incluso esta última es incorrecta para hablar de lo que hablamos. Aquí no se quiere privatizar; lo que se quiere es ceder porciones cada vez más grandes del pastel sanitario a “empresas con ánimo de lucro”. La gestión de hospitales y centros de salud no se cede a Caritas ni a la Cruz Roja sino a grupos de oligopolios que invierten dinero de sus clientes y quieren conseguir un beneficio para ellos, beneficio que se debe a la diferencia entre los recursos que la administración les paga por prestar unos servicios y el coste de los servicios que ellos dan a los usuarios. La Fundación Jiménez Díaz era una institución privada antes de su entrega a Capio. Con este cambio no pasó de pública a privada; pasó de ser una institución académica a ser una organización “con ánimo de lucro”. Este tipo de empresas “con ánimo de lucro” que consiguen esas concesiones ofrecen muchas ventajas a nuestros dirigentes. En primer lugar sirven de refugio en situaciones adversas a muchos de nuestros políticos. En el año 2004, cuando se produjo la inesperada victoria socialista en las elecciones de marzo, los hospitales de la comunidad de Madrid se llenaron de gerentes que procedían de todos los niveles de la administración y que eran personas cercanas o pertenecientes al PP que habían perdido sus puestos. Y durante los últimos años se ha visto un trasiego permanente de cargos desde el sector público al privado. Docenas de gerentes y miembros de los equipos directivos de los hospitales han pasado del sector público al privado y viceversa, durante los últimos años. Es un tráfico posiblemente legal pero que no ocurre entre el Banco de España y el Banco de Santander. En el año 2005, Leticia del Moral, entonces directora general del IMSALUD, firmó un pacto muy ventajoso con CAPIO y a la semana siguiente se convertía en directivo de esa empresa. El propio Antonio Burgueño, director general de hospitales de la comunidad de Madrid, ha sido una persona clave en la puesta en marcha y gestión del modelo “Alzira”, el otro gran oligopolio en la sanidad “con ánimo de lucro” española, junto con Capio. Y Teresa Echaniz es directiva de Capio y también hermana de José Ignacio Echaniz, consejero de Sanidad de la comunidad de Madrid durante el último gobierno de Gallardón, artífice de la entrega de la Fundación Jiménez Díaz a Capio. ¿No suena todo ello extraño? ¿No hace todo eso pensar que lo que realmente se pretende es arrancar una gran partida de servicios, que hasta ahora se han considerado de carácter público, para integrarlos dentro de la esfera de actividades que pueden ser lucrativas y aprovechar esa gran operación para asegurar unas ciertas posiciones de privilegio y algún “pago por los servicios prestados” para las personas que participan en esas decisiones? De modo que lo aquí se pretende no es ahorrar ni predicar idealogía sino obtener beneficio, hacer negocio, convertir en algo lucrativo el pastel sanitario. Porque lo que las empresas que se benefician de este negocio, que no han sido inspiradas por la madre Teresa de Calcuta, pretenden es obtener beneficio. Ahora bien, si el gobierno regional financia con criterios de paridad la sanidad gestionada directamente por el sector público y por el sector privado y las empresas privadas consiguen beneficios esos mecanismos solo pueden derivarse de los siguientes tres mecanismos: a) la gestión es mejor; b) al personal sanitario se le exige más y se le recompensa menos c) a los pacientes se les restringen determinados servicios o determinadas garantías. Hemos visto más arriba que existen flujos muy importantes de directivos y gestores entre el sector público y el privado de modo que no es posible pensar que las mismas personas gestionen mejor en el sector privado y peor el en público. Por lo tanto los beneficios de las empresas solo pueden derivarse del perjuicio relativo de pacientes y profesionales. De modo que, o paramos esto, o ya nos podemos ir preparando.