Los funcionarios

Una de las características de Esperanza Aguirre, que la convierte en absolutamente adorable, es que, a diferencia de muchos otros políticos, con frecuencia dice lo que piensa, aunque a semejanza de la mayoría de sus colegas, casi nunca piensa lo que dice. ¡Cuántos titulares de prensa, cuántas noticias de primera plana o de apertura de noticiario, habrá desencadenado esta mujer, cuantas tormentas produce, cuanto desparpajo genera y con qué frescura –en todos los múltiples sentidos de esta palabra- las suelta!. ¿Qué hubiera sido de la carrera televisiva del Gran Wyoming y sus compañeros de “Caiga quien caiga” sin el estimable concurso de esta mujer, primero como ministra de Cultura -¡qué ironía!- y luego como presidente del Senado.
Uno de los ejemplos de facundia desinhibida de nuestra insólita heroína tuvo lugar esta semana, durante el programa de televisión “59 segundos” en el momento en que la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid manifestó su compromiso de mantener el derecho a la sanidad pública y gratuita aunque según su criterio esto no implica, ni exige de manera alguna, que la dispensación de esos servicios tengan que estar en manos de funcionarios.
Muchos de mis compañeros que trabajan en el sector público de la asistencia sanitaria de la Comunidad de Madrid me han expresado en varias ocasiones su convencimiento de que existe corrupción y prevaricación a gran escala en la consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Los argumentos que manejan a favor de sus opiniones son que se ha favorecido en gran manera el desarrollo de compañías privadas con ánimo de lucro, a las que se entregan grandes paquetes de asistencia sanitaria, a veces a sectores enormes de población madrileña, atados de pies y manos, sin otra opción que recibir tratamiento en centros privados, siempre con menos personal y peor cualificado que en los públicos, o renunciar a sus derechos sanitarios. También se argumenta que la Comunidad de Madrid externaliza servicios –pruebas diagnósticas, cirugía menor ambulatoria, servicios de apoyo, gestión, etc.,- a precios muy superiores de que costaría desarrollarlos en sus propios hospitales. Por último se añade que, en ocasiones, han tenido lugar incorporaciones a los consejos de administración de empresas importantes del sector sanitario privado de personajes de la propia Consejería de la Comunidad de Madrid que han desempeñado un papel relevante en las negociaciones sobre determinados paquetes concertados con las propias compañías privadas, lo que, según mis amigos, sería una prueba más de prevaricación.
No existe ninguna duda de que algunos de estos fenómenos han tenido lugar. Pero yo creo que, más bien que a una conspiración organizada desde las alturas con objeto de delinquir, se deben a errores de apreciación de los responsables sanitarios, bisoñez en la gestión y, sin ninguna duda, a falta de elegancia de algunos gestores. Pero la torpeza de unos, la ingenuidad de los segundos y la avara grosería de los terceros, elementos que tienen lugar en cualquier campo de actividad humana, no permiten afirmar, sin género de dudas, que la presidenta de la Comunidad de Madrid sea la cabeza visible de una organización mafiosa criminal ni su consejero de Sanidad el líder de un grupo de pistoleros a su servicio.
Antes bien, yo creo que Esperanza Aguirre es una persona honrada y que cree lo que dice. Y dice unas cosas terribles que no diría una persona perversa sino más bien una persona ingenua aunque, evidentemente, con muy poca capacidad de reflexión y de autocrítica. Tomemos su frase sobre la asistencia sanitaria y los funcionarios. No le duele a la presidenta que aquellos a quienes ella considera más bien súbditos que ciudadanos tengan derecho a una asistencia pública y gratuita pero si le molesta profundamente que se le exija, como ella cree, que los que los dispensadores de esa asistencia tengan que ser funcionarios. Ya sabemos que los funcionarios tienen mala prensa, a veces bien ganada, desde Larra hasta hace unos años. Muchas personas opinan que el funcionario es un señor que gana unas oposiciones, “toma posesión” de su plaza, como si la tomara de una herencia, y se convierte en una persona intocable que puede pasarse la vida, con un sueldo en la mayor parte de los casos, bajo, pero en una posición inexpugnable, en la que es casi imposible controlarle.
El problema es que ese funcionario tradicional ha cambiado radicalmente y que ahora, aunque existen funcionarios incompetentes o delincuentes , desde profesores de universidad hasta secretarias, desde investigadores del CSIC a conserjes de ministerios, de difícil eliminación, la mayoría son personas eficientes, muy entregados a su función de servidores públicos, y desde luego, según estudios recientes, de psicólogos y sociólogos del trabajo, mucho más motivados y entregados a su trabajo que sus compañeros del sector privado.
Una de las características de los funcionarios, que posiblemente justifican la alergia que hacia ellos tiene Esperanza Aguirre, es que son personas relativamente independientes. Tienen “plaza en propiedad” y por lo tanto son menos susceptibles a la discrecionalidad de sus jefes. Tienen derechos reconocidos y es más difícil conseguir que acepten sin replicar las decisiones de los gestores políticos que las personas que carecen de ese estatus o están contratados en condiciones de interinidad. Se les puede echar pero hay que hacerlo mediante expediente administrativo; se les puede presionar pero los tribunales están muy sensibles al mobbing y los sindicatos no se quedan quietos.
De modo que los gestores sienten que su poder omnímodo se ve amenazado por el estatus del funcionario. A un médico del sector privado sus jefes le pueden imponer cualquier tipo de modelos de asistencia y patrones de conducta pero a uno del sector público no hay quien le tosa porque su puesto de trabajo está seguro. Pero eso es importante para el paciente porque el primero estará muy condicionado por la necesidad de obtener un beneficio económico y por las presiones de sus superiores mientras que el segundo solo actuara como le dicte su ciencia y su conciencia.
Y eso es lo que no puede permitir un gobierno liberal, con el que ahora manda en la comunidad de Madrid, que los mediadores de los servicios públicos puedan guiarse por opiniones propias y no sean susceptibles de presiones institucionales. ¡Joder con los liberales!. Con este grupo de defensores de la libertad, que imponen sus criterios a los servidores públicos y controlan los medios públicos, ¿para qué necesitamos nosotros los totalitarismos?. Maravillosa, Esperanza Aguirre, por decir públicamente lo que todos sabíamos pero nadie se atrevía a confesar. ¡Lástima que no tenga en frente a una persona con dos dedos de frente!.