El retorno de la Inquisición

La Inquisición no solo procesaba a los supuestos herejes sino también a terceras personas que tuvieran sospechas sobre la ortodoxia de sus vecinos y no les denunciaran. De modo que la neutralidad era imposible. O estás conmigo al 100% o estás muerto. Comenté hace unos días el despido de mi mujer, y otros 699 profesionales, recurrido ante los tribunales y, por tanto, no definitivo. Y también hablé del intento de suplantarla como investigador principal de sus proyectos financiados. Pues bien, hay todavía algo más repugnante, el intento de enfrentarla a sus colaboradores, en este caso concreto a una persona que lleva trabajando con nosotros más de 25 años; que ha publicado con nosotros 49 trabajos científicos en este tiempo; que la conocimos cuando era una recién licenciada en busca de un programa de doctorado y ha realizado bajo nuestra dirección el doctorado, el postdoc, muchos años de trabajo como técnico y, finalmente, como técnico titulado superior. Y cuando esa persona con quien nos unen tantas cosas, profesionales y personales, se niega a firmar un documento que pretende arrebatar a su mentora de toda la vida el control de sus propias actividades científicas y el de sus propios proyectos se la amenaza de forma grosera: “Si no firmas, atente a las consecuencias”. ¡Vivan las caenas!. La Inquisición es, posiblemente, uno de los monumentos más notables al odio humano. En general se admite que la intensidad de la inquina tiene cuatro grados. La más suave es la que se siente por el adversario; peor, la que se dedica al enemigo. Alcanza grados insoportables el odio que se profesa a los compañeros de partido. Y supera todo lo imaginable en el caso del “odio teológico”, en el que no solo se pretende eliminar al compañero de religión que discrepa de nosotros por la presencia o ausencia de una conjunción o una coma. En este caso, por tan grave delito, se condena al perdedor al desentierro de sus huesos para quemarlos y se intenta continuar el horneado durante toda la eternidad en el infierno. Ese es el odio que parecen tenernos nuestros directivos. Primero nos hacen la vida imposible. Después nos despiden de forma arbitraria. Luego intentan deprivarnos de las subvenciones, recursos y ayudas que nos han concedido durante nuestra vida y en premio a nuestro trabajo. Y por último, pretenden enfrentarnos a nuestros discípulos y amigos. Hay que ser muy mediocre para odiar tanto.

El robo de las ideas

A mi mujer la han despedido, como a otros 700 profesionales de la salud de la comunidad de Madrid que habían cumplido los 65 años. Me da vergüenza decirlo, pero estoy encantado. Por primera vez, en 42 años, podemos desayunar juntos o escaparnos a la Pedriza cualquier día de primavera, cuando no hay nadie. Quizás en el fondo de mi escrito irónico “Viva Lasquetty” late un pequeño motivo de agradecimiento porque por primera vez y gracias a la torpeza del consejero no tengo que compartir a mi mujer con la ciencia. Lo que quizás no me gusta tanto es que la han humillado. O al menos lo han pretendido. ¿Por qué despedir a una mujer muy prestigiosas, que no ha hecho nunca daño a nadie, que ha contribuido de forma protagonista a la innovación investigadora del departamento en el que trabaja, que ha formado a una gran cantidad de científicos jóvenes, que continúa con una productividad científica sobresaliente y que trae a la institución que la cobijaba hasta hace 15 días una cantidad de dinero en equipamiento, proyectos de investigación, contratos de investigadres y acuerdos de investigación que alcanza cifras muy superiores al sueldo que ella recibe? Despedir a quien te da de comer es estúpido y las gentes que cometen estupideces no humillan; en todo caso producen lástima. Pero lo más sorprendente de todo es que han pretendido robarle las ideas. Bueno, al menos esa parte de las ideas que puede figurar en una cuenta bancaria. Mi mujer dispone de fondos de investigación para financiar sus proyectos durante al menos tres años. Esos fondos fueron conseguidos en distintas convocatorias, muy competitiva, durante los últimos años. El gerente firmó el visto bueno para que mi mujer pidiera esos proyectos y se comprometió con su firma a que fuera posible desarrollarlos. Ahora quieren, a escondidas, que otra persona la sustituya como investigador principal de esos proyectos. Un investigador tiene unas ideas, las somete a revisión de sus colegas, consigue financiación pública para desarrollarlas y el gerente garantiza el desarrollo del proyecto. Pero luego el gerente echa al profesional y pide a otro, un colaborador que se siente amenazado, que le sustituya y le robe las ideas…y, sobre todo, la cartera. De modo que si los tribunales de justicia dicen que no se pueden cambiar los derechos reconocidos de una persona y que, por tanto, a aquellos profesionales a los que se les reconoció capacidad para continuar con el desarrollo de su profesión hasta los 70 años no pueden ser despedidos con carácter retroactivo a los 65 las instituciones sanitarias tendrán que readmitir o indemnizar a los despedidos. Pero a aquellos que se les quiten los medios para desarrollar sus ideas se les infiere un daño adicional. Se les roba el producto de su pensamiento. En Estados Unidos los investigadores principales de los proyectos de investigación son los titulares de los mismos de modo que cuando cambian de universidad llevan consigo sus proyectos. Cualquier institución que se precie intenta hacer todo lo posible por retener investigadores valiosos, porque si se van, la universidad que los pierde pierde recursos. En España si consentimos que los beneficiarios de los proyectos sean las instituciones y no los científicos atamos a estos a sus centros de trabajo pues cambiar de institución sin llevarse los proyectos supone un largo periodo de esterilidad científica. Quizás esto sea una de las causas de la perversa continuidad laboral de los científicos en el mismo instituto que muchas veces les lleva al empobrecimiento.

Un mundo sin piedad

Acabo de volver de Hannover de un congreso sobre distonía, que ha resultado muy agradable, una buena oportunidad para charlar con viejos amigos. Había estado en esa ciudad en 1977, al volver de un curso internacional de entrenamiento en métodos de estudio del funcionamiento bioquímico del cerebro, al que yo había asistido durante el mes de julio de ese año en Leipzig. En nuestro camino de Leipzig a Copenhague cruzamos Berlín Oeste y eso nos hizo perder nuestro status de invitados oficiales de la República Democrática Alemana y convertirnos en meros transeúntes. Se desencadenó una tormenta brutal que no me permitía ver la carretera y decidí parar en al arcén. Aparecieron inmediatamente dos coches de policía y nos conminaron a seguir. No podíamos parar en el territorio de la República Democrática Alemana aunque el cielo se cayera sobre nosotros. Fuimos tratados sin piedad. Mi amigo Seth Pullman, de Nueva York, con quien no hablo desde hace tiempo, me refresca las noticias que tienen origen al otro lado del Atlántico. Seth es neurofisiólogo y se dedica estudio los cambios de actividad neuronal y muscular que se producen en los pacientes que tienen problemas del movimiento. Es un experto de primera línea mundial y como tal una de sus especialidades es el tratamiento de músicos profesionales que tienen distonías ocupacionales. La distonía es un trastorno del movimiento que se caracteriza por contracciones anormales y sostenidas de los músculos que producen contracturas, posturas anormales, trastorno de la función y dolor. Las distonías ocupacionales son las que ocurren al realizar determinado tipo de actividades, en muchos casos actividades profesionales, como la distonía en la mano que se llama espasmo del escribiente, o la distonía de la pierna que aparece en bailarines. Las distonías ocupacionales son muy frecuentes en los músicos, quizás porque el entrenamiento intensivo a que someten a determinadas partes de su cuerpo, las manos, los labios, etc., acaban alterando los mecanismos normales de control del movimiento. En Alemania se calcula que las distonías ocupacionales afectan hasta un 1% de los músicos y en algunos casos acaban con la carrera de estos profesionales. Seth estudia las distonías de los músicos con técnicas electrofisiológicas para descubrir los músculos que se contraen de forma excesiva y luego debilita esos músculos con inyecciones de pequeñas dosis de toxina botulínica. Sin embargo, Seth piensa que el 80% de los músicos profesionales en los Estados Unidos carecen de recursos suficientes para pagar la toxina botulínica. Por esto, Seth y nuestro común amigo Paul Green esconden la toxina que les sobra de tratar a otros pacientes, la congelan y se la administran de forma clandestina a los músicos menos afortunados. A mí me parece que lo que hacen Paul y Seth es digno de aplauso pero el hecho de que tengan que hacerlo a escondidas no deja de ser un signo más de que vamos hacia un mundo sin piedad. Escribo a Paul para que me ayude a rescatar, ahora que me he jubilado, un pequeño fondo de pensiones de la época de mi estancia en la Universidad de Columbia. Me dice que le echan de la Universidad porque los directivos se han enterado de que atiende a algunos pacientes sin cobrarles. Paul es, con toda seguridad, uno de los mejores expertos mundiales en enfermedad de Parkinson y otras alteraciones del movimiento. En la enfermedad de Parkinson, en relación con los trasplantes de células fetales, Paul fue el primero en decir que “el rey estaba desnudo”. Llevábamos 20 años de trasplantes de distintos tipos de células y de promesas incumplidas de que las “células madre” iban a curar esa enfermedad al día siguiente por la mañana. Paul, después de un estudio muy cuidadoso fue el primero que dijo que los trasplantes no servían para nada y, en algunos casos, podrían ser perjudiciales. Al principio tuvo que enfrentarse con muchos grupos de científicos que, por interés o de buena fe, sí creían en esos tratamientos. Pero al cabo de un tiempo se impuso la verdad y los trasplantes dejaron de hacerse. Ahora le echan porque atiende pacientes sin cobrarles. Cuando yo terminé la carrera de Medicina habríamos considerado vergonzoso lo contrario, no atender a una persona porque no pueda pagar los honorarios. ¿Hacia dónde vamos? Hacia un mundo sin piedad.

Viva Lasquetty

Durante los tiempos de la República las fuerzas vivas de los pequeños municipios españoles estaban formadas por el cura, el boticario, el médico y el maestro. Los dos primeros solían ser conservadores y los dos últimos progresistas, de modo que el equilibrio de fuerzas se establecía por la afiliación del alcalde. Desde entonces, como en la mayoría de los países europeos, los médicos nos hemos ido haciendo conservadores. Es verdad que nos hemos convertido en trabajadores cualificados, que han perdido el control de sus medios de producción, pero al mismo tiempo en trabajadores privilegiados. Los ingresos medios de los médicos son más altos que los de la mayoría de los licenciados, la oferta de puestos de trabajo más grande, el impacto de la crisis sobre su empleo mucho más pequeño. Hace algunos años uno de mis compañeros médico se fue a trabajar a Suecia y quiso afiliarse a un sindicato de clase. Le echaron de allí a patadas con la recomendación de “los médicos deben afiliarse a sindicatos burgueses”. Hemos visto como los colegios de médicos realizan una labor más de defensa corporativista que de mejora de la profesión. Los médicos y sus organizaciones han desempeñado un papel conservador en asuntos como la eutanasia – o su cristalización en el asunto del Dr. Montes y las sedaciones de Leganés-, los temas de intervención genética, la atención a inmigrantes sin papeles, el aborto, y muchos otros. Pues bien, todo esto está a punto de cambiar. Y todo ello por la gracia de …Lasquetty. Los últimos consejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid no se han distinguido ni por la brillantez de su gestión ni por la pulcritud de su respeto hacia lo público en el campo de sus áreas de influencia. Por solo numerar unos ejemplos, José Ignacio Echaniz, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid en el último gobierno de Gallardón, entregó la Fundación Jiménez Díaz, el hospital más importante de España en la segunda mitad del siglo XX, a Capio, una empresa privada, a cuyo equipo directivo se incorporaría pronto su hermana Teresa Echaniz. Su sucesor, Lamela, protagonista del caso “Leganés” en el primer gobierno de Esperanza Aguirre, no ha tenido escrúpulo de fichar por un grupo privado de gestión de hospitales. Y el penúltimo, Güemes, esposo de Andrea Fabra, la diputada que se hizo famosa por un sonoro “Que se jodan”, en el congreso de los diputados, pronunciado para celebrar la negación de un subsidio a los desempleados, se hizo no menos famoso por afirmar que no era posible que un asunto como la sanidad que movía tal cantidad de dinero no fuera objeto de negocio y por integrarse en el equipo directivo de una empresa de laboratorios centrales, una iniciativa que él mismo había contribuido a desarrollar. Los tres personajes mencionados tomaron iniciativas en sus áreas de competencia que facilitaron su desembarco o el de sus familiares en áreas privadas de la sanidad. Pero no cometieron el error de Lasquetty quien ha hecho lo mismo que ellos, facilitar que la sanidad no sea sobre todo un servicio sino sobre todo un negocio, pero al mismo tiempo ha cometido el error de lesionar los intereses de los médicos. El gran error de Luis XVI y de Maria Antonieta fue que al mismo tiempo que subía el precio del pan convocaron cortes para subir los impuestos. Eso acabó costándoles la cabeza. No se puede entregar el “negocio” de la sanidad a los amigos al mismo tiempo que se aumentan las horas de trabajo de los profesionales y se les disminuye el sueldo. Si se quiere entregar el gran pastel a los amigos hay que dar una parte del pequeño pastel a los profesionales; y si se quiere apretar el cinturón a los profesionales hay que sembrar el terror y ser más puro que el “incorruptible”. Lasquetty sin embargo se ha comportado con más capacidad de agitación que un antiguo agente de la Komintern hasta el punto de que ha conseguido ponerse en contra a una asociación de jefes de servicio, la mayoría de ellos nombrados a dedo por el propio Lasquetty y sus subordinados o sus antecesores. En este momento está en marcha un movimiento revindicativo de profesionales sanitarios como no se veía desde los últimos años del régimen de Franco y como los más viejos del lugar no soñábamos con volver a ver. ¡Gracias, Lasquetty, por dar nos esa alegría! Quizás el ejemplo más glorioso de esa extraordinaria capacidad para concitar voluntades en contra sea lo que acaba de ocurrir con las jubilaciones forzosas de profesionales. Un buen número de compañeros mayores de 65 años solicitaron en su momento prolongar su vida profesional hasta los 70 años y su solicitud fue aprobada tras la comprobación de que cumplían los requisitos exigidos por la administración. Hace unos meses, sin embargo, estas personas cuya prórroga había sido concedida recibieron una notificación en la que se les advertía de que de lo dicho nada. Debía volver a presentar otra nueva solicitud acompañada de una memoria de actividades y proyectos y solicitar nuevas prórrogas para su actividad profesional que en este caso solo tendrían una duración de un año. No se les explicó cómo era posible que una solicitud aprobada meses antes para cinco años hubiera de ser inválida ni cuáles serían los criterios para la concesión o renovación, ni quien juzgaría esas nuevas solicitudes, si evaluadores externos, los propios profesionales o los directivos, según su libre albedrío. Se les daba de plazo hasta el 30 de abril y si no lo hacían ese mismo día se les daría por jubilados. En algunos hospitales el día 30 de abril se citó a los profesionales para que acudieran a una sala, donde sin ninguna dignidad ni intimidad, llevados al matadero como ganado, se les comunicó el resultado de la decisión y la mayoría a la que se le denegó la continuación se le conminó a agotar las vacaciones antes del 15 de mayo, último día de su trabajo profesional. Profesionales con más de 40 años de servicio han sido conminados a abandonar consultas en las que atendían pacientes a los que llevaban viendo varios años; otros, con proyectos de investigación vigentes para varios años, rubricados por la firma de los responsables sanitarios, han tenido que cesar de pronto como responsables del desarrollo de proyectos de investigación financiados por organismos públicos. ¡Qué despilfarro de recursos, que grosería, que falta de respeto a los pacientes! Con independencia de la ilegalidad de estas decisiones, ¿no podrían haber sido un poco más elegantes? ¿Por qué no han llamado a los afectados de manera individual y discutido con cada uno de ellos un plan individualizado de transmisión progresiva de tareas en un tiempo prudencial? Lasquetty no solo acaba con una generación de médicos. Muchos de aquellos que acabamos la carrera de Medicina en la última década del franquismo, entre 1965 y 1975, hartos de la mediocridad intelectual de nuestras universidad y de la rutina de nuestros hospitales nos fuimos a otros países a trabajar y a aprender los principios y la práctica de la medicina moderna. Y muchos volvimos al cabo de los años, trajimos lo que habíamos aprendido fuera y nos convertimos en los líderes de un sistema sanitario que algunos años más tarde iba a ser uno de los mejores del mundo. Eso se termina con la jubilación de aquella generación. A partir de ahora en el terreno de la Medicina volvemos al casticismo. Va a haber muchas reclamaciones y la consejería de sanidad va a perderla porque no se puede autorizar una prolongación de actividad laboral y luego negarla. El problema es que, mientras que los gestores se auto conceden premios dinerarios en concepto de cumplimiento de objetivos las indemnizaciones que se generen en los juzgados no las pagan ellos sino nosotros. Si no fuera por eso, tras comprobar su enorme capacidad de encabronar a todo el mundo, incluidos sus fieles, a uno le gustaría gritar: ¡VIVA LASQUETTY!

Ni recortes, ni ideología: pura codicia

Existe un debate en nuestra sociedad sobre cuáles son los motivos que impulsan al gobierno de la comunidad de Madrid a poner en marcha una serie de medidas que pueden producir una crisis de envergadura en el sistema de salud, la joya de la corona de nuestro estado del bienestar, un sistema útil, bien valorado y de coste muy inferior al de otros sistemas de prestaciones inferiores en otros países. Los miembros del gobierno de esta comunidad y los grupos mediáticos que les apoyan han justificado esas medidas en la necesidad de realizar recortes en el gasto sanitario, optimizar el rendimiento a través de la privatización de algunos o varios servicios y de disminuir el gasto público en sanidad. La mayoría de los miembros de los partidos de izquierda sostienen, sin embargo, que las medidas restrictivas en sanidad no obedecen a motivos económicos sino a razones ideológicas, a la visión particular del mundo de los partidos de derecha, según la cual, las administraciones públicas deben dejar en manos del sector privado cualquier tipo de servicio susceptible de ser privatizado. Acabo de leer un magnífico ensayo de Fernando Lamata, titulado “Panfleto contra la codicia”, en el que pone de manifiesto las razones fundamentales de esta crisis, la codicia del capitalismo financiero global. Y lo que ahora pretendo no es otra cosa que aplicar la responsabilidad global de este pecado capital, la avaricia, al tema concreto de la reforma sanitaria de la comunidad madrileña. En resumen, la tesis de este artículo es que las reformas en el sistema sanitario de Madrid no se deben a la crisis económica ni a una supuesta ideología de quienes nos gobiernan sino a la pura avaricia. En medicina existe un principio básico según el cual las inversiones en aspectos básicos de la sanidad y de salud pública son muy rentables y muy baratas pero cada escalón que se sube en el grado de complejidad es más caro y menos eficaz a la hora de contabilizar beneficios. De modo que la medida más sencilla, clorar las aguas, tiene poco coste y grandes ventajas y lo mismo ocurre con los siguientes escalones de complejidad sanitaria como puede ser la salud materno- infantil, la medicina preventiva, la cirugía menor, etc. Pero en otros procesos de alta complejidad como puede ser el tratamiento del cáncer terminal, algunos trasplantes multi-orgánicos o trasplantes de repetición en pacientes que han fracasado en procedimientos previos, o el tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas, conseguir una mejoría sustancial del proceso clínico es difícil y siempre a expensas de muchos recursos. De modo que si lo que se pretendiera fuera ahorrar recursos los recortes afectarían sobre todo a los procesos de alta complejidad en los que los beneficios son más cuestionables. No parece que cobrar 1 € por receta tenga que ver nada con ello. Aquí lo que se pretende es disuadir, invitar a los ciudadanos a no acudir al médico por problemas banales; cuando la atención de los problemas banales antes de que empeoren es la mejor forma de evitar gastos sanitarios importantes. Es más fácil y barato tratar las infecciones urinarias de repetición que iniciar la caída por el despeñadero sucesivo de la pielonefritis, la insuficiencia renal, la diálisis, el trasplante, el tratamiento inmunosupresor, el desarrollo de tumores malignos secundarios a la inmunosupresión crónica. Es más barato ir al médico por dolor de cabeza leve y que diagnostiquen y traten un hipertensión arterial que sufrir una hemorragia cerebral y quedar paralizado de por vida. Pues no, los tratamientos complicados y caros no se han tocado, quizás por presión de la industria farmacéutica, ni tampoco se ha racionalizado el número de centros que los dispensan, que podría disminuirse sin graves pérdidas, pero el ciudadano normal y corriente recibe estímulos para que no utilice los recursos sanitarios. El problema es que el efecto disuasorio de una penalización horizontal, como el € por receta, es más disuasorio para el mileurista que para la señora presidenta de Castilla La Mancha, por poner un ejemplo. El proceso de racionalización no tendría por qué afectar solo a la medicina de gran nivel científico. Por ejemplo, durante el gobierno de Esperanza Aguirre se abrieron un montón de hospitales de dudosa necesidad y en el caso de alguno de ellos se abusó de demagogia con frases parecidas a “la puesta en marcha de esta maternidad evitará que a partir de ahora las mujeres de Arganda tengan que ir fuera de su pueblo a dar a luz”. Las mujeres de Arganda antes de ese momento, que se supone iba a cambiar sus vidas, venían a alguna de las maternidades de Madrid, entre 15 y 20 km de distancia, 15 minutos de tiempo, a dar a luz. A partir de aquel momento histórico podían dar a luz en la maternidad ubicada en el término municipal de su pueblo, en un hospital ubicado en medio del desierto, 5 km al este de su núcleo urbano, en dirección a Valencia. ¿Valía la pena montar una nueva maternidad –edificios, quirófanos, ginecólogos, anestesistas, pediatras, enfermeras, matronas, auxiliares de clínica, celadores, secretarías, etc.,- para hacer 2000 partos al año? ¿Es necesario tener dos unidades de ictus, o dos servicios de Neurocirugía, operativas y con todo el personal que necesitan para su funcionamiento en dos grandes hospitales que están a 300 metros, como son el Ramón y Cajal y la Paz? ¿O replicar todo tipo de servicios entre uno grande y otro mediano, ubicados a una distancia de 20 metros, como es el caso del Clínico de S. Carlos y la Fundación Jiménez Díaz?. Que no vengan con cuentos; si lo quieren es ahorrar empiecen eliminando el despilfarro. Sostiene Rubalcaba que estas medidas son fruto de la ideología de derechas del PP. Discrepo radicalmente de esa opinión a pesar de que la tengo muy alta de la inteligencia de quien lo propone. Desde mi punto de vista la ideología que sustenta la política del PP en materias relacionadas con la sanidad no es la de la derecha sino, directamente, la de un partido totalitario. La política sanitaria del PP no es de derechas. La derecha, al menos de todo el mundo civilizado, se caracteriza por evitar la intervención del estado de todo aquello que pueda dejarse en manos de la sociedad civil. En todo caso podría decirse que ese intervencionismo es más bien típico de la extrema y totalitaria derecha. La derecha civilizada de todo el mundo considera una seña de identidad que el estado y sus servidores se inhiban todo lo que puedan en la toma de decisiones que puedan resolver por sí solos los agentes sociales. Nada que ver con lo que ocurre en la comunidad de Madrid, donde los gerentes de hospitales, verdaderos comisarios políticos del sistema, no respiran si no se lo mandan sus superiores. ¿Dónde está la autonomía de los hospitales y centros de salud que ni siquiera pueden contratar personal estatutario si no es en función de una oposición cuyas reglas de juego vienen impuestas desde arriba? ¿Cuál es el poder de las comisiones y órganos de gobierno de los centros si solo tienen capacidad de proponer pero no de decidir? ¿Cuál es el papel de los mandos intermedios –jefes de servicio, supervisores, coordinadores, etc.,- si la mayoría de ellos no son elegidos por sus colaboradores sino nombrados por sus superiores? De modo que hay otras razones y la más importante es la avaricia. Si el gasto sanitario supone un porcentaje importante del producto interior bruto y además esa partida es aceptada sin objeciones por la mayoría de la sociedad ¿por qué los que pueden hacerlo se iban a privar de convertirlo en objeto de lucro? Hasta ahora solo hay beneficios en la industria farmacéutica. ¿Por qué renunciar a conseguirlos en el resto del pastel? Y mucho más ahora, cuando la crisis económica ha convertido en inviable, al menos a corto plazo, otros métodos habituales de enriquecimiento. Existe una bien organizada confusión en el uso de las palabras utilizadas para disimular la codicia. Se habla de externalizar en lugar de privatizar. Incluso esta última es incorrecta para hablar de lo que hablamos. Aquí no se quiere privatizar; lo que se quiere es ceder porciones cada vez más grandes del pastel sanitario a “empresas con ánimo de lucro”. La gestión de hospitales y centros de salud no se cede a Caritas ni a la Cruz Roja sino a grupos de oligopolios que invierten dinero de sus clientes y quieren conseguir un beneficio para ellos, beneficio que se debe a la diferencia entre los recursos que la administración les paga por prestar unos servicios y el coste de los servicios que ellos dan a los usuarios. La Fundación Jiménez Díaz era una institución privada antes de su entrega a Capio. Con este cambio no pasó de pública a privada; pasó de ser una institución académica a ser una organización “con ánimo de lucro”. Este tipo de empresas “con ánimo de lucro” que consiguen esas concesiones ofrecen muchas ventajas a nuestros dirigentes. En primer lugar sirven de refugio en situaciones adversas a muchos de nuestros políticos. En el año 2004, cuando se produjo la inesperada victoria socialista en las elecciones de marzo, los hospitales de la comunidad de Madrid se llenaron de gerentes que procedían de todos los niveles de la administración y que eran personas cercanas o pertenecientes al PP que habían perdido sus puestos. Y durante los últimos años se ha visto un trasiego permanente de cargos desde el sector público al privado. Docenas de gerentes y miembros de los equipos directivos de los hospitales han pasado del sector público al privado y viceversa, durante los últimos años. Es un tráfico posiblemente legal pero que no ocurre entre el Banco de España y el Banco de Santander. En el año 2005, Leticia del Moral, entonces directora general del IMSALUD, firmó un pacto muy ventajoso con CAPIO y a la semana siguiente se convertía en directivo de esa empresa. El propio Antonio Burgueño, director general de hospitales de la comunidad de Madrid, ha sido una persona clave en la puesta en marcha y gestión del modelo “Alzira”, el otro gran oligopolio en la sanidad “con ánimo de lucro” española, junto con Capio. Y Teresa Echaniz es directiva de Capio y también hermana de José Ignacio Echaniz, consejero de Sanidad de la comunidad de Madrid durante el último gobierno de Gallardón, artífice de la entrega de la Fundación Jiménez Díaz a Capio. ¿No suena todo ello extraño? ¿No hace todo eso pensar que lo que realmente se pretende es arrancar una gran partida de servicios, que hasta ahora se han considerado de carácter público, para integrarlos dentro de la esfera de actividades que pueden ser lucrativas y aprovechar esa gran operación para asegurar unas ciertas posiciones de privilegio y algún “pago por los servicios prestados” para las personas que participan en esas decisiones? De modo que lo aquí se pretende no es ahorrar ni predicar idealogía sino obtener beneficio, hacer negocio, convertir en algo lucrativo el pastel sanitario. Porque lo que las empresas que se benefician de este negocio, que no han sido inspiradas por la madre Teresa de Calcuta, pretenden es obtener beneficio. Ahora bien, si el gobierno regional financia con criterios de paridad la sanidad gestionada directamente por el sector público y por el sector privado y las empresas privadas consiguen beneficios esos mecanismos solo pueden derivarse de los siguientes tres mecanismos: a) la gestión es mejor; b) al personal sanitario se le exige más y se le recompensa menos c) a los pacientes se les restringen determinados servicios o determinadas garantías. Hemos visto más arriba que existen flujos muy importantes de directivos y gestores entre el sector público y el privado de modo que no es posible pensar que las mismas personas gestionen mejor en el sector privado y peor el en público. Por lo tanto los beneficios de las empresas solo pueden derivarse del perjuicio relativo de pacientes y profesionales. De modo que, o paramos esto, o ya nos podemos ir preparando.