Expertos en privatizar

Hace unos días mis antiguos pacientes y ahora amigos con enfermedad de Parkinson me dieron un premio, quizás porque, hace muchos años, yo jugué un papel en la puesta en marcha de su asociación. Cuando llegué la sitio donde se celebraba la reunión me encontré a muchos antiguos pacientes y sus familiares que me acogieron con mucho cariño y alguno de ellos con el reproche afectuoso de “por qué les había abandonado” al jubilarme. En especial me emocionaron las quejas de Lola, esposa de uno de mis antiguos pacientes, ya fallecido. El esposo de Lola era miembro de una familia chiita, del sur del Líbano, con enfermedad de Parkinson familiar y tuvo la amabilidad de concederme la hospitalidad de su familia en su país para que yo pudiera examinar a sus familiares enfermos y obtener sangre de ellos, mientras el ejército israelí nos bombardeaba, con objeto de determinar , como hicimos, el trastorno molecular que causaba su enfermedad. Después, cuando tuve que dar las gracias por el premio, les dije que yo no les había abandonado. Simplemente, a finales de 2012 el gobierno de la Comunidad de Madrid revocó de manera unilateral las prórrogas que nos había concedido a muchos profesionales de la sanidad madrileña y el día 30 de abril de 2013 mandó a la jubilación a más de 700 de esos profesionales. Mis palabras no gustaron ni a la señora viceconsejera de asuntos sociales ni al señor de sanidad de la Comunidad de Madrid, ambos presentes en el acto. La primera señaló que las jubilaciones habían sido el resultado de un precepto legal, afirmación que no tiene que ver nada con lo que ocurrió puesto que la decisión de jubilar o mantener fue de carácter selectivo y arbitrario. Y el segundo sugirió que mi relato solo obedecía a su presencia. Con todos mis respetos, y sin pretender infravalorarlo, mis palabras tenían por destino a mis pacientes y sus familiares. Es difícil encontrar una justificación razonable para esa medida tan radical y tan arbitraria. Es verdad que la mayoría de los jubilados forzosos teníamos los sueldos más altos de nuestros compañeros, en muchos casos por antigüedad y en otros, además, por jerarquía. Y también es posible que algunos de los cesados hubieran entrado en una edad de declive de rendimiento profesional. Pero también es indiscutible que muchos de nosotros estábamos en la cumbre de nuestra carrera profesional, dirigíamos equipos de investigación muy productivos y éramos reconocidos a nivel internacional. Y lo que de ninguna forma parece razonable es la masividad de la medida que afectó de golpe a ese número tan grande de personas. Decidir sobre la jubilación de profesionales de alta cualificación no es un asunto fácil. A muchos de nosotros nos cuesta tomar la decisión de abandonar puestos de trabajo que en muchos casos van asociados a posiciones de prestigio o de poder. Por esto, sería muy importante que cuando llegamos a cierta edad se nos permitiera una transición gradual, en todo caso de acuerdo con una evaluación objetiva e imparcial de cada caso. Dejar esa decisión en manos del gerente de cada hospital o de la consejería de Sanidad es muy peligroso. Se deja la decisión en manos de las emociones y de los intereses. Se puede decidir en función del corporativismo, de la simpatía, del presupuesto y de otros elementos poco racionales. Sería preferible encargar esa tarea a una agencia objetiva e independiente de evaluación. Una especie de ANECA o algo parecido. En algún momento, en los meses siguientes a la jubilación masiva de la que he hablado más arriba se especuló con la idea de que ese atropello masivo de profesionales (y de usuarios, por supuesto) de la sanidad madrileña se especuló con la idea de que la expulsión de los más de 700 profesionales, la mayoría de ellos de grandes hospitales universitarios, tenía por objeto vaciar estos centros para ocupar esas plazas con otros profesionales más jóvenes procedentes de hospitales más pequeños cuya gestión se quería transferir a empresas privadas. Este proceso fue abortado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que consideró que el proyecto de privatización no era de ley. Ayer cayó en mis manos un reportaje periodístico en el que se decía que el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, actualmente preso en la cárcel de Soto del Real, se había ofrecido como asesor a un grupo de financieros árabes que pretendían poner en marcha un programa de privatización sanitaria en Egipto. Desde luego, alguna experiencia tiene: la de entrar como un caballo en una cacharrería.